María Alesia Sosa Calcaño recopiló testimonios de cuatro madres que no volverán a celebrar su domingo de la misma manera. Publicado en el portal web runrun.es, el trabajo relata la historia de mujeres que, al igual que numerosas madres del país, decidieron dejar de lado el duelo y tomar parte en la acción social contra la violencia.
Las cuatro perdieron a sus hijos en diferentes años, ocasiones y circunstancias, pero todas enfrentan la impunidad como enemigo común. Desde Hilda Paéz, quien perdió a su hijo Richard de 17 años en el Caracazo hasta Manuela Pérez, madre de Adriana Urquiola, todas compartieron cómo ha sido su lucha por encontrar a los autores de los crímenes y hacer escuchar sus denuncias.
Las cuatro son madres. Las cuatro coinciden en una cosa: dejaron atrás el llanto y lo convirtieron en acción para conseguir justicia por la muerte o detención de sus hijos. También tienen en común que su rol de madre cambió para siempre. Desde un día, que prefieren no recordar, su labor ya no es cuidar de sus hijos, sino velar porque se haga justicia en cada uno de sus casos. Desde El Caracazo hasta las protestas de 2014, distintos sucesos de la historia de Venezuela, marcaron la vida de estas cuatro mujeres, que ya no celebran el Día de las Madres como las demás.
Hilda Páez, mamá de Richard (17)
El 3 de marzo del 89, Hilda Páez se enteró que habían matado a su hijo mayor, Richard Páez, de 17 años. Lo mataron en Maca, Petare, los días posteriores a El Caracazo.“Si no pude resolver el asesinato de mi hijo, trabajo para que se haga justicia en otros casos”
Han pasado 26 años, y a Hilda todavía se le aguan los ojos cuando habla del tema. “Nosotros vivíamos una vida muy feliz con nuestros dos hijos. Y de la noche a la mañana crearle a uno esa cosa, la pérdida de un hijo. Es como que uno pierde algo de uno mismo. Yo en ese momento quería morirme”, dice, a la vez que reconoce que no encuentra las palabras para describir el dolor que siente.
“A él le gustaba el deporte. Lo metí en karate, en beisbol. Yo siempre buscándole cosas a mis hijos para tenerlos en cosas muy bonitas, para que venga una persona así a matarlo como un perro. Bueno nos desgració la vida”, resume.
Ese día comenzó una lucha por buscar a los responsables de la muerte de Richard, que apenas era un joven que estudiaba cuarto año de bachillerato en el Liceo Gustavo Herrera.
El caso de Richard nunca se resolvió, los culpables no pisaron la cárcel por ese crimen, nunca se determinó quiénes fueron. Aunque su madre asegura que fueron unos funcionarios de la Policía Metropolitana. “Ninguno de los responsables del asesinato de mi hijo ha estado preso. Llevaron a unos supuestos policías a declarar y más nunca nos dieron respuesta. No hemos recibido justicia. Lo único que recibimos fue una indemnización, y eso no repara el daño de nuestro hijo. Ya después que le quitan la vida, ¿qué? No me lo van a revivir”.
Hilda dice que desde que “les llegó esa tragedia”, no ha dejado de trabajar. Al principio empezó a caminar por el sector donde vivía y donde mataron a su hijo, para que la gente conociera el caso, supieran quién era Richard y pedir justicia.
Tuvo que ir cientos de veces a Fiscalía, a Tribunales. En esas diligencias se encontró a otras madres que también habían perdido a sus hijos en esos días. Entonces, se organizaron y conformaron el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), una organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos.
“Mucha gente me dijo que no me pusiera a trabajar en esto, que lo iba a recordar mucho y que lo que iba a ser era llorar. Pero, ¿qué iba a hacer yo en mi casa? A veces me daba cosa con mi esposo, porque no importaba lo que yo estuviera haciendo y me llamaban que había que ir a la morgue o a tribunales, a donde fuera, a La Peste, yo iba”.
Todavía no se explica de dónde le sale tanta energía, pero luego se responde y sabe que lo hace por su hijo. El dolor se transformó en acción. “Estábamos echando para adelante, y después me vino esta cosa tan terrible, cómo quitarle la vida a un hijo de uno. Yo me imaginaba que mi hijo me iba a enterrar a mi, y no yo a él. Dije, no me puedo quedar encerrada en mi casa. Hay que hacer tal cosa, ir para tal parte, para allá voy yo”.
Recuerda con nostalgia que su hijo era quien los iba a sacar adelante. “Todo lo que hicimos para levantar a nuestros hijos y vengan a quitarle la vida así. Vivíamos en un ranchito. Su papá medio leía y escribía, y yo sólo llegué a sexto grado. Su papá trabajando en latonería y pintura. Yo, trabajando en una escuela, para sacarlos adelante. Y que venga alguien así a quitarle la vida. No saben con la lucha con que nosotros lo habíamos sacado adelante. Su papá nunca fue a un colegio, y echando pa’ lante para que su hijo pudiera estudiar. Los ayudamos para que en un mañana no fueran iguales que nosotros. ”.
Lleva 26 años trabajando en Cofavic, y aunque no ha podido ver justicia en el caso de Richard, tiene otras satisfacciones. Cuenta que esa organización no se limitó a buscar justicia por las víctimas de El Caracazo, también trabajaron con familiares de víctimas de la masacre del Retén de Catia o del deslave de Vargas. “Yo digo, bueno Dios mío, si yo no pude resolver el caso de mi hijo, me queda la satisfacción que he trabajado por otras personas”.
Recuerda que el trabajo empezó por darle talleres de Derechos Humanos a los funcionarios de las policías del Estado. “Dios mío, ¿tú sabes lo que es darle talleres de DD HH a los policías que habían matado a mi hijo. Pero dije, aquí estamos, hay que dar esa enseñanza”, asegura. Cuenta que han llegado muy lejos, y que hizo cosas que jamás se imaginó, como encadenarse a las rejas de Miraflores para implorar que buscaran a los responsables de los eventos de febrero y marzo del 89. Cuando agotaron las instancias nacionales, llevaron los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy recibe a las personas que llegan a Cofavic para buscar apoyo y hacer su denuncia. Hilda, está en la entrada de la sede de la organización, en el departamento de documentación. Allí les toma los datos y recibe la denuncia. Dice que todas llegan desesperadas, y ella las calma, y sobre todo les dice que deben tener paciencia. “Les digo a las madres que tienen que calmarse. Yo las entiendo. Yo pasé por la misma desesperación con la que ellas llegan a Cofavic, pero han pasado 26 años y todavía el caso de mi hijo no se ha resuelto”.
Ella no pierde la esperanza, quiere que los responsables paguen. Para eso, cree que tiene que seguir trabajando.
En la organización, se encarga de acompañar a las madres a las diligencias que tienen que hacer y las enseñan cómo deben moverse frente al sistema de justicia para que las respeten. “Estoy muy triste porque hay muchas madres que estamos perdiendo a nuestros hijos. No quisiera que nuestra Venezuela siguiera en esta violencia. Yo trato de poner un granito de arena desde Cofavic”.
Además dice que en Cofavic ha encontrado una familia, se reúnen en Navidad y hacen actividades juntas.
“No tenemos esa alegría como antes. Aunque son muchos años. Uno tiene que visitar a su hijo al cementerio. No es igual. Cuando estoy con mi otro hijo y mis nietas es que nos alegramos un poco”, dice, y sólo entonces se le dibuja una sonrisa.
María Elena Delgado, mamá de Erasmo (15), Norkeliana (12) y Wilmer (40)
“Los delincuentes no matan al muerto nada más, matan a la familia completa”
María Elena Delgado ha vivido cada una de las muertes de sus hijos de forma distinta. Le han matado tres. Primero a Erasmo José, a los 15 años de edad, después Norkeliana del Milagro de 12 años, y luego el mayor, Wilmer, que tenía 40 años. Todos a tiros, en Petare, donde se criaron.
“Los delincuentes no matan al muerto nada más, matan a la familia completa”, asegurá María Elena Delgado.
Dice que siempre los recuerda, no hace falta que sea una fecha especial. “Es algo muy difícil, no es sólo el Día de la Madre o del Padre, sino en Navidad, y a cada momento uno los está recordando”.
María Elena es una mujer fuerte, no llora cuando habla de sus hijos muertos, pero tiene la mirada apagada, dice que no los olvida ni un instante. No sabe explicar el dolor.
Con cada uno, hizo la denuncia del asesinato, pero son sólo tres casos entre los miles y miles que la impunidad no permite cerrar.
“Cuando me mataron mi primer hijo, la cosa no fue tan complicada. Al principio el tipo se dio a la fuga. Aquello quedó muy dentro de mi. Supe sobrellevar la situación. Y cuando me dijeron que lo habían atrapado nunca lo vi”, dice y reconoce que no sabe si después lo soltaron.
Cuando asesinaron a Norkeliana, comenzó un verdadero Vía Crucis en el sistema judicial. “Fue un proceso horrible en los tribunales. Yo pasé maltratos, vejaciones y humillaciones”. Pero Delgado asegura que no se dejó ofender por los funcionarios, y siguió su proceso judicial.
Después supo que atraparon a uno de los muchachos. “Montaron un parapeto tan grande con el caso. Se llevaron un tribunal a la calle donde le habían dado los tiros. Llevaron escribiente, personal de balística, todo”. Ella estuvo encima de las diligencias del caso pero no tuvo suerte. El fiscal que la estaba atendiendo le respondió que quizás la ley divina era la que iba a llegar. “Y así pasó. Después me enteré que mataron a los muchachos, se mataron entre ellos mismos”. Aunque, inmediatamente reconoce que no cree en la “justicia divina” porque “Dios no mata, Dios sólo da la vida”.
Cuando le mataron el tercer hijo, ya había perdido la fe en la justicia. Solamente puso la denuncia del asesinato. “Como me dijeron los mismos policías: ‘Si los agarramos, después los sueltan”.
Dice con resignación que en Venezuela no hay justicia. “No quise seguir con eso. Siento que eso lo desgasta más a uno”. Repite, que en las diligencia del sistema judicial, lo que reciben las víctimas son maltratos. “¿Con la niña por qué me tenían que decir que era un ajuste de cuentas? Una niña de 12 años”. Más que dolor, eso le producía rabia.
A María Elena también le mataron un nieto y un sobrino. Dice que la impunidad y la violencia -fomentada por los propios gobernantes- es lo que tiene a los venezolanos matándose unos a otros.
“El problema es que las leyes no se cumplen. Ni para los delitos más pequeños. Uno se consuela uno mismo. No hay otra forma”.
Ella, que ha enterrado tres hijos, cree que la mejor manera de “procesar” ese dolor es hablando del tema y compartiendo con otras madres que han pasado por lo mismo.
Por eso coordina la Red de Apoyo entre madres víctimas secundarias de la Violencia. Es una organización para reunir a mamás que han perdido a sus hijos por la violencia desatada en el país. Se reúnen en la Universidad Metropolitana y dan apoyo, compañía y aliento a las madres que están pasando por ese dolor.
María Elena lleva consigo un panfleto que reparte por el barrio Unión de Petare, donde vive. El papel, -una fotocopia- reza lo siguiente: “Madre: no tienes que vivir tu dolor sola”.
Cree que si una madre se guarda ese dolor, se vuelve loca. Vuelve al tema de sus hijos: “Yo soñaba que mis hijos llegaran a ser profesionales y me superaran a mi. Es algo muy frustrante, uno piensa que se le acaba la vida, pero tiene que pensar en los otros hijos”.
Piensa en el día de las madres y aunque no lo celebra de ninguna forma especial, está convencida del único regalo que quisiera. “Para mí, el mejor regalo sería volver a ver a mis hijos. Eso sería lo más grande. Porque un regalo así material, no me apetece”.
**Para entrar en contacto con la Red de apoyo para madres puede escribir aredeapoyoporelcambio@gmail.com o llamar al 0412-9565337**
Manuela Pérez, mamá de Adriana (28)
“Tenemos que exigir para que paguen los culpables. No denunciar nos hace cómplices”
Ella es la mamá de Adriana Urquiola, la joven asesinada el 23 de marzo de 2014 y que era intérprete de lengua de señas del noticiero Venevisión. Estaba embarazada de 7 meses. La mataron cuando trataba de cruzar una guarimba en la carretera Panamericana. El asesino, Johnny Bolívar, se molestó por la protesta, sacó un arma y disparó. Le dio en la cabeza a Adriana.
“Vivo para denunciar”, dice Manuela Pérez. Cuenta que su vida se paralizó el día que asesinaron a Adriana. Recuerda que los últimos meses fueron de pura ilusión. Se hablaba de un sólo tema en la casa: el bebé que Adriana estaba esperando. “Iba a ser el primer nieto, toda la vida giraba en torno a ese momento. Me imagino que le pasa a todas las abuelas”.
Pero pasó esto, y todo cambió. Tiene otra hija pero vive fuera del país.
“Mi vida está basada en lo elemental del ser humano, y el resto del tiempo, lo dedico a la denuncia”.
Manuela trabajaba en una empresa de importaciones, pero después del asesinato de Adriana paró de trabajar en eso. “No tengo ánimo, no hay espíritu para concentrarse en otra cosa”, explica.
Su tiempo transcurre investigando en redes, datos sobre el asesino de su hija, yendo a tribunales, a los medios de comunicación. “También busco el por qué. Aún no consigo la respuesta para explicar que él está libre, aunque tiene 24 años de sentencia por secuestro y estafa. No hay funcionario que me de la razón”.
Manuela reconoce que más de un año después, se levanta todas las mañanas y llora. También dice que ha recibido apoyo y solidaridad de muchos entes del Estado. Pero exige mucho más que eso. “Con las lágrimas y la solidaridad de los funcionarios no me basta, yo lo que quiero es que se haga justicia, que él sea enjuiciado y pague, para yo poder tener paz”.
El caso de Adriana -recalca su mamá- es un caso de simple delincuencia.
“Tuve la suerte de que el asesino de mi hija fue identificado, muchas madres nunca saben quién mató a sus hijos. Eso me hace querer llegar al final de todo esto”.
Sabe que su vida nunca va a ser la que fue porque nadie le va a devolver a Adriana, pero está segura que cuando se haga justicia, tendrá un poco de paz y tranquilidad.
Desde que, siete días después del asesinato, se emitió la orden de captura de Johnny Bolívar, el juicio no ha avanzado más.
“No comprendo por qué no es posible determinar si está dentro o fuera del país”, declara.
La madre de Adriana todavía cree que esto es un mal sueño. “Hay veces que me levanto y pienso que estoy en una película. Todavía no puedo creer que hablo de mi hija como un muerto. Me cuesta mucho aceptarlo”, confiesa.
Se convence de que su hija cumplió con la misión que tenía en la vida. “Creo que ella tenía una misión, y a mi también me dejó una tarea, que es resolver este caso, y que esa persona pague”.
A las madres que están pasando por esto, les recomienda que sólo queda el consuelo de conformarse, y seguir. “Tenemos que exigir y que se haga lo que se tenga que hacer para que paguen los culpables. No denunciar nos hace cómplices”.
Este año no saben qué van a hacer el día de la madre. No hay planes. Siempre se reunían, toda la familia, pero la vida de Manuela cambió.
“Yo sigo viviendo hasta que Dios disponga. No sé si este caso me cambió la vida para que hiciera una fundación o algo parecido, para sacar algo positivo de esto”.
Ingrid Mantilla, mamá de Rosmit (26)
“Como madres tenemos que seguir por ellos, por los ideales de los hijos muertos o presos”
Ingrid es la mamá de Rosmit Mantilla, preso desde el 2 de mayo de 2014. Mantilla es activista de Voluntad Popular y defensor de los derechos de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). Se lo llevó detenido una comisión del Sebin, que entró a su casa de Caricuao, en Caracas, por una supuesta denuncia que habían recibido de un patriota cooperante. Hoy está imputado por asociación para delinquir y obstrucción de las vías públicas.
La audiencia preliminar de su caso se suspendió once veces. Nueve meses después de su aprehensión, el juez anunció que sería juzgado en tribunales y que debía permanecer preso en el Helicoide. El juicio aún no comienza.Fue ocho días después de su detención, que la dejaron verlo.
“Lo primero que me dijo apenas fue: ‘No me reclames nada, todo esto lo aprendimos en la casa”.
Ingrid dice que todos sus hijos son unos luchadores, preocupados por el país y muy activos. “Nunca tuve miedo de que lo detuvieran porque esos valores se los inculcamos en la casa. Orgullo sí, mucho orgullo”, reconoce.
La mamá de Rosmit vive en San Cristóbal, estado Táchira y tuvo que dejarlo todo y mudarse a Caracas para ocuparse del caso de su hijo.
“Yo trabajaba y dejé mi trabajo para dedicarme solamente a esto. Tengo que estar visitando medios, estar detrás de los abogados, ir a tribunales, a la Fiscalía, ir a muchos sitios, no me doy a basto”.
Sólo puede verlo dos veces a la semana, los miércoles y los sábados. A veces no puede aprovechar el día de visita porque debe atender diligencias del caso de Rosmit, audiencias de otros estudiantes o reuniones con otros padres. “Uno tiene que aprender a ser madre, periodista, buscar todas las noticias de su hijo. Dejas de ser madre, para ser de todo: periodista, policía, abogado, de todo”.
Rosmit es el mayor de tres hijos. Tiene dos hermanas menores. Los tres son estudiantes universitarios. Él estudia comunicación social en la Universidad Santa María, pero tiene un año sin ir a clases, desde que está preso.
Su mamá recuerda que desde muy pequeño, Rosmit declaró su tendencia homosexual y todos en la casa se la respetaron. “Mi hijo es así y se lo respeto. El amor de madre no distingue si mi hijo es gay, perfecto, enfermo. El dolor que yo siento es el mismo que siente la mamá de Leopoldo López, y la mamá del señor Gilberto. Es igual para todos”, explica.
Ella dice que llora mucho en las noches, pero ese llanto lo convierte en lucha al día siguiente. Repite como un mantra que no puede echarse en una cama a llorar.
“Si nuestros hijos están allá adentro, porque quisieron hacer justicia por su país, nosotros tenemos el deber de que ese trabajo de ellos no se pierda. Como madres tenemos que seguir por ellos, por los ideales de los hijos muertos o presos. No podemos darnos el lujo de llorar”.
No quiere celebrar este año el día de la madre. “No podría. Él está preso y mi corazón no me da para celebraciones. Yo estoy guardando todas esas fechas, su cumpleaños, el nacimiento de mi nieto, para cuando salga mi hijo. Ese día va a haber una fiesta en los corazones de toda la familia”.
Como Hilda, María Elena, Manuela e Ingrid, miles de madres venezolanas no celebran este día. Esperan que se haga justicia en los casos de sus hijos que fueron asesinados o encarcelados injustamente.
